Anoche en la puerta del sol pude ver como unos policías pedían la documentación a un sudafricano de los que venden falsificaciones en top manta y me resultó muy sorprendente la reacción del personal que empezó a protestar al policía y a gritar que les dejaran vivir en paz.
Llevo un rato dando vueltas al tema y en esto de la inmigración solo veo incoherencias. Por supuesto que una persona que cruza el estrecho jugándose la vida tiene derecho a vivir y merece atención y respeto, pero también es cierto que los ciudadanos tenemos derecho a que nuestra policía defienda el sistema y el cumplimiento de la ley: Las personas que compran falsificaciones en el top manta están, en mi opinión, haciendo dos cosas perjudiciales:
- la primera es favorecer la economía sumergida, que compite de forma desleal con todos los comercios que pagan sus impuestos para vender productos similares que evidentemente tienen que vender más caros.
- La segunda es favorecer la existencia de mafias que falsifican esos productos perjudicando gravemente a las firmas que los diseñan, y además abusando de la debilidad de los propios inmigrantes.
Por ellos, y viendo la situación desde este enfoque, comprar productos falsificados es como mínimo reprobable, sino delictivo, y parece claro que la policía tenga que actuar para evitar esas ventas.
Pero hay otro enfoque de la inmigración, visto también desde el punto de vista nacional, en el que deberíamos profundizar: dadas las bajas cifras de natalidad existentes en España desde hace ya mucho tiempo, necesitaremos a medio plazo cerca de dos millones de extranjeros para que los españolitos del baby boom (entre los que me incluyo) podemos tener una pensión (seguramente todavía más baja que la actual) después de estar cotizando toda nuestra trayectoria profesional.
Sin embargo, no hacemos como Alemania, o como Francia, que ya están acostumbrados a formar y recibir extranjeros para cubrir las necesidades
que se producen en el mercado: Alemania está ahora captando en España miles de profesionales sanitarios, ofertando contratos de largo plazo, y subvencionando el aprendizaje del idioma.
Y nosotros, que siempre fuimos un poco quijotes, acogemos los migrantes que echa Italia, para tramitar su deportación de forma ordenada a sus países, y no s sentimos orgullosos de ello. Evidentemente es mejor que dejarlos a su merced en el mar, pero luego no somos capaces de presionar a nuestros poderes públicos para que inicien programas ordenados de cooperación con los sectores económicos que precisen captar inmigrantes para trabajar de forma ordenada y regular. En esta dirección sí que se podría realizar una gran labor social además de asegurar el equilibrio del sistema. Supongo que esto no se plantea simplemente, porque el objetivo de los políticos nunca supera el plazo de las próximas elecciones. Aunque puede que exista otra razón, a mi entender bastante más mezquina: estas medidas generarían mayor competitividad en el mercado laboral a corto y medio plazo y eso es perjudicial para nuestros conciudadanos menos preparados.
Sinceramente, tal y como yo lo veo, el incremento de la competitividad siempre es positivo para el sistema, y sino miremos a nuestros vecinos del norte, que esto de la inmigración regulada lo llevan practicando hace ya muchos años.
Concluyendo, nos guste o no, los inmigrantes ilegales deben ser deportados, con respeto, con buen trato pero deportados y cuanto más eficientes seamos en ese proceso menos mafias vivirán de traerles a la tierra prometida. Eso sí, hagamos un plan de acción a 15 años para contratar a dos millones de inmigrantes de forma regulada, analizando las necesidades laborales por sectores, y pensando en los perfiles necesarios, la formación precisa y las formas idóneas de contratarlos y de fomentar el proceso para que sea beneficioso para todas las partes además de para el propio sistema.
