La administración de justicia en España es muy lenta, pero es justa. Una aseveración excesiva, pero el siguiente ejemplo parece corroborarla. Parte del agujero económico que la pandemia ha generado en muchas Pymes será finalmente soportado por sus arrendadores, sus aseguradoras y por las administraciones públicas. Es de justicia.
Según artículo de la revista jurídica E&J (economist&jurist) , la audiencia provincial de Cáceres ha dictado una sentencia en un caso de desistimiento de un contrato de arrendamiento aplicando la clausula rebus.
En modo resumido digamos que la clausula rebus permite al juez dejar sin efecto un contrato o modificar las prestaciones exigibles pactadas cuando incurran circunstancias excepcionales o extraordinarias.
En el caso que nos ocupa, la audiencia provincial entiende que el confinamiento obligó al arrendatario a cerrar su negocio y, en consecuencia, desistir el contrato de arrendamiento es una circunstancia excepcional. La sentencia dicta que no procede la resolución contractual por parte del arrendador, fijando en la mitad de la cantidad pactada en la cláusula penal la indemnización a percibir.
Se trata de la primera sentencia de una audiencia provincial que aplica la clausula rebus con motivo de la actual crisis sanitaria. Esperemos que lleguen muchas más… porque es lo justo.
Parece de justicia que los arrendadores, las aseguradoras, y las administraciones públicas que han regulado nuestros derechos durante la crisis sanitaria acaben soportando gran parte del agujero económico que el coronavirus ha generado.
En esta causa se ha embarcado NBN Jurídico y a la cabeza mi hermana, Natalia Narros Lluch, a la que damos la enhorabuena por esta victoria en la primera batalla. Trabajando con su capacidad, su voluntad, y su rigor llegarán muchas más.
Ya que las ayudas prometidas a las Pymes llegan, y en convinze lo sabemos, al menos la justicia permitirá recuperar parte de lo perdido… lo malo es que para muchos será demasiado tarde.
